La Guardia Civil ha dado un golpe a un entramado de compraventa de parcelas en suelo rústico no urbanizable en la pedanía de El Moralet, Alicante. En la operación, conocida como Insidias 2, se ha investigado a 21 personas, incluyendo a una entidad jurídica, por delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo y los derechos de los trabajadores.
Un entramado de compraventa fraudulenta
La investigación, iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), reveló que una finca de 11.000 metros cuadrados había sido dividida en 12 subparcelas donde se llevaban a cabo construcciones ilegales. Estas edificaciones, situadas en una zona protegida e inundable, carecían de las licencias necesarias y violaban las normativas urbanísticas.
La finca había sido adquirida por una mercantil creada con el único propósito de subdividirla y venderla a particulares mediante contratos privados. Estos acuerdos encubrían la asignación de subparcelas a los compradores, quienes eran plenamente conscientes de la ilegalidad de las operaciones y de la imposibilidad de construir legalmente en estas tierras.
Explotación laboral de trabajadores extranjeros
Además de las irregularidades urbanísticas, la investigación expuso condiciones laborales alarmantes. Un constructor implicado empleaba habitualmente a trabajadores extranjeros en situación irregular, sin contratos ni medidas de seguridad. En algunos casos, estos empleados no llegaron a recibir su salario, lo que evidencia un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.
Los trabajadores desempeñaban su labor en condiciones que incumplían las normativas de protección laboral, exponiéndose a riesgos importantes y trabajando en condiciones claramente inferiores a las legales.
Vecinos alertan del impacto de los asentamientos ilegales
Los residentes de las partidas rurales afectadas, como Cañada del Fenollar, llevan tiempo denunciando la proliferación de asentamientos ilegales y su impacto negativo en la convivencia y la seguridad de la zona. Según José Cremades, presidente de la asociación vecinal, “la actuación de la Guardia Civil es un paso positivo, pero no suficiente”. Los vecinos critican al Ayuntamiento por no haber tomado medidas a tiempo y exigen mayor implicación para frenar la expansión de este problema.
Medidas legales y urbanísticas
La Generalitat Valenciana ha iniciado expedientes sancionadores sobre unas cuarenta parcelas en las que se han identificado construcciones irregulares. Las autoridades han advertido a los propietarios que deberán devolver los terrenos a su estado original o enfrentarse a multas significativas.
Mientras tanto, las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a los Juzgados de Alicante, lo que marca un avance significativo en la lucha contra estas prácticas ilegales que afectan tanto al medio ambiente como a la convivencia vecinal.
Los vecinos, aunque satisfechos con las acciones recientes, piden un enfoque más integral para detener el avance de los asentamientos ilegales y restaurar la legalidad en la zona.
