El grupo político Compromís ha solicitado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, explicaciones y responsabilidades tras la investigación sobre construcciones ilegales en suelo protegido en varias pedanías de la ciudad. La formación critica la aparente inacción del equipo de gobierno frente a actividades que atentan contra el medio ambiente y las normativas urbanísticas.
Una problemática persistente
La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, ha destapado un entramado que implica la urbanización irregular en terrenos no urbanizables. Estas construcciones, en su mayoría destinadas a viviendas, no cuentan con las licencias pertinentes y han generado preocupación entre los vecinos de las zonas rurales afectadas.
Desde Compromís, han subrayado la gravedad del caso y han señalado que esta situación podría haberse evitado con un control más riguroso por parte del Ayuntamiento de Alicante. La formación ha manifestado su malestar por la falta de políticas claras y efectivas que impidan este tipo de prácticas.
Declaraciones del concejal Rafael Más de Compromis:
Impacto ambiental y social
Además del daño al medio ambiente, las construcciones ilegales han generado problemas en la gestión de recursos básicos como el agua, que se distribuye sin control y sin cumplir con los estándares de potabilidad. Según Compromís, estos hechos reflejan «un desinterés absoluto por parte del gobierno local en proteger los intereses generales de la ciudadanía y el entorno natural».
Exigencias políticas
Compromís ha exigido al alcalde Barcala que tome medidas inmediatas para esclarecer la implicación del Ayuntamiento en estos hechos. Asimismo, han pedido una revisión de los protocolos de inspección urbanística y la implementación de acciones contundentes para evitar que se repitan estos casos.
Un problema que divide opiniones
Mientras que la formación insiste en la necesidad de asumir responsabilidades políticas, desde el equipo de gobierno se defiende que se trata de un problema heredado que no es exclusivo de la actual administración. Sin embargo, la presión pública sigue creciendo, especialmente por parte de los vecinos afectados que piden soluciones definitivas.
La llamada a la acción
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la gestión del urbanismo en Alicante y la protección del medio ambiente frente a intereses privados. Para Compromís, no solo es una cuestión de legalidad, sino también de justicia social y ambiental.
La investigación continúa en curso, pero para muchos alicantinos, esta es una oportunidad para exigir mayor transparencia y compromiso en la gestión de su territorio.
