Alicante, 8 de enero (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado un entramado fraudulento relacionado con construcciones ilegales en suelo protegido del término municipal de Alicante. La operación, bautizada como Insidias 2, ha llevado a la imputación de catorce hombres, seis mujeres y una persona jurídica por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo y los derechos de trabajadores extranjeros.
Parcelación y edificaciones ilegales en suelo protegido
La investigación, liderada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, comenzó tras detectar irregularidades en una finca rústica de 11.000 metros cuadrados situada en una zona protegida e inundable, donde la edificación está prohibida.
La parcela había sido dividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en distintas fases de ejecución. Además, se había instalado ilegalmente un sistema de suministro de agua no potable sin las licencias necesarias.
Las pesquisas revelaron que la finca fue adquirida por una empresa creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a diferentes compradores. Estos contratos privados encubrían la asignación de subparcelas, a sabiendas de la ilegalidad de la operación y de la imposibilidad de construir en dichas tierras.
Explotación laboral y contratación irregular
Durante las inspecciones, los agentes identificaron al constructor principal de las edificaciones ilegales, quien contrataba de manera habitual a trabajadores extranjeros en situación irregular. Estas personas carecían de contrato de trabajo, no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y trabajaban en condiciones precarias, sin medidas de protección laboral ni equipos de seguridad adecuados.
En varios casos, los trabajadores no llegaron a recibir el salario prometido, siendo víctimas de explotación laboral y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.
Implicados y consecuencias legales
Como resultado de la operación, se han imputado delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo y los derechos de los trabajadores a las personas físicas involucradas (vendedores, compradores y el constructor), así como a la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Los hechos han sido puestos en conocimiento de los juzgados de Alicante.
Esta operación destaca la importancia de combatir las prácticas fraudulentas que no solo atentan contra el medio ambiente y la legalidad urbanística, sino que también vulneran los derechos fundamentales de trabajadores en situación de desprotección.
