La multinacional cementera CEMEX ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar una sanción histórica de 465 millones de euros por fraude fiscal. Este fallo judicial confirma las prácticas irregulares de la compañía, que, según la sentencia, habría utilizado mecanismos contables para eludir sus obligaciones tributarias en España. Mientras tanto, en Alicante, esta empresa pretende obtener dos nuevas licencias para continuar su actividad contaminante durante 30 años más, lo que ha desatado la preocupación y la indignación entre los vecinos.
La sentencia del Tribunal Supremo
Según la información publicada por Okdiario, el Tribunal Supremo ha ratificado una sanción impuesta a CEMEX por defraudar a Hacienda mediante la creación de estructuras societarias opacas que permitieron a la empresa evadir el pago de impuestos durante años. millones de euros que dejaron de ingresar en las arcas públicas, afectando directamente a la financiación de servicios esenciales como sanidad, educación y protección del medioambiente.
Esta cifra supone una de las mayores sanciones impuestas a una empresa cementera en España y pone de manifiesto el modus operandi de una compañía que, mientras evade impuestos, solicita permisos para seguir explotando el subsuelo de Alicante.
Los nuevos planes de CEMEX en Alicante
A pesar de esta condena, CEMEX ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante la concesión de dos nuevas licencias para:
- Crear un cráter en el subsuelo de Foncalent, tras haber agotado por completo los recursos de la Sierra Larga, una montaña que ha sido literalmente devorada por su actividad minera. Este nuevo proyecto prevé excavar el subsuelo, afectando a acuíferos y manantiales subterráneos que abastecen a la zona.
- Construir una nueva fábrica de aditivos, que permitiría prolongar su actividad durante otros 30 años más. Esta instalación incrementaría:
- Las emisiones contaminantes al aire.
- La presencia de polvo en suspensión, que ya ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los vecinos debido a su impacto en la salud.
- Los vertidos al subsuelo, con el consiguiente daño para el ecosistema local.
Un peligro para la salud pública y el medioambiente
Desde la Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar advierten que esta actividad pone en riesgo la salud de los alicantinos. El polvo en suspensión emitido por la fábrica de cemento contiene partículas contaminantes que afectan al sistema respiratorio, mientras que los vertidos al subsuelo amenazan con contaminar acuíferos esenciales para la sostenibilidad de la zona.
«No podemos permitir que Alicante se convierta en una ciudad minera. No lo hemos sido y no lo seremos», aseguran desde la asociación vecinal, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas para instar al Ayuntamiento a denegar ambas licencias.
Impacto económico y social del fraude fiscal
La sanción de 465 millones de euros no solo refleja una conducta fiscal fraudulenta, sino que supone un golpe a la confianza ciudadana. Ese dinero debería haber sido destinado a la sanidad pública, al mantenimiento de espacios naturales y a la protección del medioambiente. En su lugar, fue desviado mediante prácticas ilegales que han perjudicado al conjunto de la sociedad española.
«Mientras nos exigen impuestos a todos los ciudadanos, una multinacional como CEMEX se salta las reglas, contamina nuestra tierra y, encima, pide seguir haciéndolo durante 30 años más», denuncia un portavoz de la asociación.
Una llamada a la acción
Ante esta situación, los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento de Alicante que:
- Deniegue las licencias solicitadas por CEMEX.
- Solicite un plan urgente de restauración ambiental de las zonas ya afectadas.
- Inste a la empresa a cesar su actividad contaminante y a respetar el entorno natural de la ciudad.
Alicante no es una ciudad minera ni lo será. Somos la capital de la Costa Blanca y no podemos permitir que una multinacional condenada por fraude fiscal continúe devastando nuestro entorno natural.
Los interesados en apoyar esta causa pueden hacerlo a través del enlace proporcionado por la asociación vecinal y contribuir a detener lo que califican como «un ataque directo a la salud y al medioambiente de todos los alicantinos».
