En el reciente debate sobre el estado de la ciudad de Alicante, el alcalde Luis Barcala afirmó que Alicante atraviesa uno de los mejores momentos en su historia en términos de transformación urbana, social y cultural. Sin embargo, desde las partidas rurales, los vecinos se preguntan si están incluidos en este optimista discurso, ya que su realidad dista mucho de la imagen que el alcalde proyecta. La Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar denuncia que el Distrito 5, en lugar de ser parte de esta transformación, sufre uno de los peores momentos de su historia en términos de ordenación urbana, con un aumento alarmante de la criminalidad, un abandono de la cultura y un descontrol urbanístico.
Especulación y asentamientos ilegales: un caos en las partidas rurales
Las partidas rurales, en especial las del Distrito 5, están siendo objeto de especulación desmedida. Terrenos rústicos y ramblas protegidas por la ley PATRICOVA están siendo comprados a precios bajos, por alrededor de 4 euros por metro cuadrado, y después de parcelarlos y dividirlos ilegalmente son vendidos por hasta 24 euros por metro cuadrado, sin el control necesario de las autoridades. Esta especulación ha generado un caos urbanístico con la proliferación de asentamientos ilegales, donde se levantan caravanas, mobile home y chabolas, y en muchos casos se realizan obras ilegales que alteran el entorno natural.
Además, los vecinos denuncian que muchas de estas actividades están vinculadas a presuntas organizaciones criminales que operan con total impunidad. A pesar de las numerosas denuncias, el Ayuntamiento de Alicante no ha tomado las medidas cautelares necesarias para frenar esta situación, lo que ha generado desconfianza y miedo en la comunidad.
Un futuro incierto: la marginación de las partidas rurales
El alcalde Barcala también afirmó que Alicante trabaja con una visión de futuro a 25 años vista, proyectando una ciudad moderna con medio millón de habitantes. Sin embargo, los vecinos temen que ese futuro no incluya a las partidas rurales, que corren el riesgo de convertirse en guetos de marginalidad y delincuencia, al igual que ocurrió con el Parque Ansaldo de San Juan de Alicante. La falta de acción para frenar la especulación ilegal y la criminalidad creciente amenaza con devaluar drásticamente las propiedades de la zona.
Además, mientras el alcalde habla de una ciudad moderna, los viajeros que llegan en tren observan una realidad muy diferente al pasar por asentamientos ilegales en el Camino del Pozo de Agua. Estos asentamientos ofrecen una imagen de decadencia, inseguridad y abandono, lo que aleja las inversiones en la zona y deteriora aún más la situación.
TAD y asfaltado: una gestión deficiente
En cuanto a los servicios en las partidas, los vecinos también denuncian que el Transporte a Demanda (TAD), lejos de ser una solución eficiente, funciona cada día peor, con paradas escasas y una falta de cobertura adecuada. Además, las mejoras en el asfaltado, lejos de ser un motivo de orgullo, han generado controversia. Parte de ese asfaltado se ha llevado a cabo en terrenos protegidos por PATRICOVA, sin la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha generado investigaciones por parte de la AVPT en relación con estas obras. Un caso especialmente problemático es el del Camino del Parral, donde se realizaron expropiaciones sin el consentimiento adecuado al puro estilo Hugo Chavez y se reforzó la cimentación de muros que alteran el cauce de la rambla, poniendo en peligro a los vecinos debido al riesgo de inundaciones.
El legado del exconcejal Pavón: legalización de industrias nocivas
La gestión del exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, sigue siendo una fuente de indignación para los vecinos. Durante su mandato, Pavón impulsó la legalización de industrias nocivas en las partidas rurales, en contra de la voluntad de las asociaciones de vecinos y todos los vecinos colindantes que se opusieron por escrito. Un caso emblemático es la Granja Avícola Zapata, que, tras su legalización, comenzó a recibir contratos por parte de la Diputación de Alicante, presuntamente a dedo, a pesar de las preocupaciones sobre su impacto ambiental y en la salud de los residentes. En el año más duro de la pandemia, la granja recibió cerca de un millón de euros en contratos y subvenciones, lo que ha generado sospechas de prevaricación. A día de hoy, los vecinos continúan investigando estos hechos, mientras que el alcalde Barcala recuerda a Pavón con nostalgia, «Echo de menos al Señor Pavón» a pesar de las críticas por su gestión en las partidas.
Conclusión: ¿una ciudad para todos o solo para unos pocos?
Los vecinos de las partidas rurales de Alicante sienten que están siendo olvidados en la visión de futuro que el alcalde Barcala presenta para la ciudad. Mientras se proyecta una imagen de modernidad y progreso, las partidas enfrentan un deterioro urbanístico y un abandono institucional que las coloca en una posición vulnerable. Las autoridades deben actuar con rapidez y decisión para garantizar que las partidas no se conviertan en zonas de marginalidad y delincuencia, y que los derechos de los vecinos y el medioambiente sean protegidos.
