Estás obra puede representar un presunto delito contra el medioambiente y la ordenación del territorio, al afectar una rambla protegida por la ley PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana), que regula las zonas de riesgo y su protección especial. El modus operandi que denunciamos es una clara intención de ocultar las actividades y burlar tanto a las autoridades como a los vecinos, lo que puede agravar el delito.
Descripción del presunto delito:
- Ubicación del delito:
- El delito ocurre en el centro de una rambla (cauce seco o intermitente de un río) que está protegida por la ley de PATRICOVA debido a su importancia medioambiental y su función para la gestión de aguas pluviales y la prevención de inundaciones.
- Modus operandi:
- Los responsables colocan un cerramiento de maderas para ocultar las obras a la vista de vecinos y autoridades. Esto indica un intento deliberado de esconder la actividad, lo cual agrava el posible delito.
- Dentro de este cerramiento, se llevan a cabo trabajos de construcción ilegales, creando una estructura de obra que incluye bloques de hormigón. Estas actividades modifican el terreno natural y alteran gravemente el equilibrio ecológico de la rambla, un área que está especialmente protegida.
- Una vez que la estructura está terminada, eliminan las maderas exteriores, dejando a la vista la obra construida. Esto implica que ya se ha causado un daño irreversible al medioambiente y al espacio natural.
- Daños medioambientales:
- La construcción de la estructura en una rambla protegida puede interferir con su capacidad de drenaje natural, afectando la gestión de aguas pluviales y creando riesgos de inundación en la zona.
- Además, la introducción de materiales como bloques de hormigón y el uso de maquinaria pesada pueden causar una alteración significativa del suelo y la flora de la zona, afectando los ecosistemas naturales del área protegida.
- Dado que las ramblas suelen ser corredores ecológicos y hábitats para diversas especies, la alteración del entorno podría tener consecuencias negativas sobre la biodiversidad.
Posibles delitos asociados:
- Delito contra el medioambiente (artículo 325 del Código Penal):
- La construcción en un área protegida, como una rambla regulada por PATRICOVA, puede suponer un delito grave contra el medioambiente, ya que las obras afectan un espacio de especial protección natural.
- Pena: Puede ser de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 14 meses, pero si se demuestra que existe un riesgo grave para la salud (por ejemplo, riesgo de inundaciones que pongan en peligro a la población), la pena puede aumentar hasta prisión de 2 a 5 años.
- Delito contra la ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal):
- La construcción sin los permisos necesarios en un área de protección especial es un delito contra la ordenación del territorio.
- Pena: Prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses, junto con la inhabilitación para ejercer la profesión relacionada con la construcción por un periodo de hasta 5 años.
- Fraude o engaño a las autoridades:
- El hecho de ocultar las obras con un cerramiento de maderas puede considerarse un agravante, ya que indica una clara intención de engañar a las autoridades y evadir los controles legales que protegen el entorno natural.
Implicaciones legales y medidas:
Si las autoridades identifican estas obras, se podrían tomar las siguientes medidas:
- Paralización inmediata de la obra: Por ser ilegal y realizada en una zona protegida.
- Restauración del entorno: Los responsables podrían ser obligados a restaurar el área a su estado original, desmantelando las construcciones y reparando los daños causados al ecosistema.
- Responsabilidad penal: Los responsables de la obra podrían enfrentarse a penas de prisión y multas significativas por la gravedad del delito.
- Responsabilidad civil: También podrían ser obligados a compensar económicamente los daños causados al medioambiente.
Este tipo de actividades tiene serias consecuencias no solo por los daños ecológicos, sino también por los riesgos que pueden suponer para la seguridad pública en términos de gestión de aguas y prevención de desastres.
