La Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar intensifica su lucha contra los asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
Alicante, 5 de agosto de 2025.
La Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar ha protagonizado en los últimos días dos reuniones clave con distintas administraciones para abordar el preocupante avance de los asentamientos ilegales en suelo rústico del término municipal de Alicante. Por un lado, se reunieron con el Subdelegado del Gobierno y la cúpula de la Guardia Civil en el Palacio Provincial del Gobierno; y por otro, con técnicos de Urbanismo, Policía Local, la AVPT y el SEPRONA en la sede de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.
Ambos encuentros reflejan la creciente preocupación ciudadana ante un fenómeno que, según denunció la asociación, se ha vuelto ya insostenible. En palabras de sus representantes, “los especuladores están diseñando de facto el nuevo PGOU de Alicante, con urbanizaciones encubiertas, calles internas y parcelaciones ilegales, incluso en zonas inundables protegidas por el PATRICOVA”.
Apoyo institucional desde la Guardia Civil y Subdelegación del Gobierno
Durante la reunión con el Subdelegado del Gobierno, éste manifestó su conocimiento del problema y su respaldo total tanto a la asociación como al conjunto de vecinos afectados por esta expansión descontrolada. La Guardia Civil, por su parte, trasladó que se encuentra trabajando activamente con la Fiscalía de Medio Ambiente, aportando todas las denuncias presentadas y abriendo investigaciones de oficio. Aunque reconocen que la legislación española es garantista, aseguran estar actuando con celeridad y determinación.
La Asociación valoró muy positivamente el papel del SEPRONA, al que calificó como “la esperanza real de los vecinos” ante la pasividad administrativa. Asimismo, subrayó la importancia de que sea la vía penal y judicial la que ofrezca una salida a esta grave situación.
Urbanismo reconoce la gravedad del problema y estudia medidas urgentes
En la segunda reunión, celebrada en Urbanismo, la Asociación informó de la presentación de 12 nuevas denuncias, que se suman a las más de 40 ya interpuestas. Desde la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) se reconoció estar al límite de su capacidad operativa, aunque agradecieron la colaboración vecinal y confirmaron que las denuncias de zonas inundables están siendo priorizadas.
Desde el Ayuntamiento se reconoció por parte técnica la gravedad del problema y se anunciaron medidas urgentes, como una mejor coordinación entre AVPT, Urbanismo y Guardia Civil para evitar duplicidades. Se propuso además reducir el número de multas coercitivas —poco efectivas frente a la reincidencia— para iniciar cuanto antes expedientes de expropiación de fincas ilegalmente parceladas.
La asociación aplaudió esta medida, especialmente si se destinan dichas parcelas a parques inundables, como el Parque La Marjal de San Juan, lo que supondría una solución efectiva tanto en términos urbanísticos como medioambientales.
Ausencia de responsables políticos y creciente indignación vecinal
La reunión en Urbanismo contó con técnicos municipales, pero no con representación política, debido a la baja médica de la concejala del área. La Asociación lamentó profundamente que no se delegara a ningún colaborador político, lo cual interpretan como un síntoma de falta de voluntad institucional para afrontar el problema con la firmeza que requiere.
“La situación está degradando nuestro entorno rural, vulnerando el ordenamiento urbano, y además devaluando gravemente el patrimonio legítimo de cientos de familias que viven legalmente en estas zonas. ¿Quién va a comprar una vivienda legal frente a un asentamiento chabolista?”, denunciaron desde la Asociación.
Además de la pérdida de valor económico, se alertó de la pérdida de derechos básicos: saturación en el ambulatorio, en el colegio, deficiencias en la recogida de residuos y un aumento notable de la inseguridad, lo que está generando miedo y frustración entre los residentes.
La vía judicial, última esperanza para proteger el territorio
La Asociación concluyó reafirmando su intención de seguir colaborando con las instituciones que sí están actuando —como el SEPRONA, la AVPT o la Policía Local— y subrayó su compromiso con la vía penal para defender la legalidad. No descartan personarse como acusación particular en procedimientos judiciales a nivel estatal si se confirma que la trama de parcelaciones ilegales se extiende a otras provincias, como Murcia.
“Esperamos que en la próxima reunión esté presente la parte política del Ayuntamiento de Alicante. Creemos que la concejala está mal informada, o bien que ha decidido guardar en un cajón un problema que ya se ha convertido en un escándalo urbanístico y ambiental de primera magnitud”, concluyen.
Un comentario
Perico
agosto 6, 2025 at 8:42 am
Dais pena. A nivel individual no sois ejemplo de nada. Ya fuisteis ilegales en su día.
Muchas personas solo desean trabajar y mejorar esos campos, incluso plantando árboles y vegetación que mantienen ellos mismos. Solo pretendéis criminalizar muchas buenas voluntades porque, desde luego, de todo habrá.