El diario Información de Alicante ha expresado su preocupación por el crecimiento de asentamientos ilegales en zonas inundables del municipio, específicamente en áreas afectadas por el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA). Esta situación, que incluye la construcción de chabolas y otras edificaciones precarias en ramblas, representa un alto riesgo tanto para la seguridad de los ocupantes como para el medio ambiente.
La reciente construcción de chabolas en zonas de riesgo y en las ramblas de Alicante ha sido objeto de múltiples denuncias de asociaciones vecinales y de colectivos de protección ambiental. En ellas, advierten del peligro inminente para quienes habitan estos asentamientos y para aquellos residentes de zonas cercanas, ya que la alteración del flujo de agua podría derivar en inundaciones que afecten a viviendas legales en caso de lluvias intensas.
Este fenómeno preocupa especialmente en el contexto de las recientes tragedias en la Comunidad Valenciana, como el desbordamiento de la rambla del Poyo en Valencia, que ocasionó pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales. En ese sentido, los habitantes de Alicante temen que la inacción de las autoridades locales frente a estos asentamientos ilegales en áreas de riesgo pueda conducir a situaciones similares en un futuro próximo.
Además de representar un riesgo para la vida, estos asentamientos en ramblas y zonas protegidas violan las normativas ambientales. La ocupación ilegal deteriora el ecosistema local, afectando tanto a la flora autóctona como a la fauna, y aumenta la vulnerabilidad de estas áreas frente a desastres naturales.
Las autoridades locales y la Confederación Hidrográfica del Júcar, encargada de supervisar y proteger las zonas hídricas, han sido objeto de críticas por la falta de medidas concretas para abordar este problema. Información de Alicante hace un llamado a los responsables a tomar acciones efectivas para proteger tanto el medio ambiente como la seguridad de los ciudadanos, instando a que se cumpla la ley y se retiren todas las construcciones ilegales en estas zonas de alto riesgo.
La situación pone de manifiesto la necesidad de políticas preventivas y de una gestión más proactiva que garantice la seguridad de todos los habitantes y preserve los recursos naturales de Alicante.
