La Guardia Civil investiga presuntos delitos medioambientales por asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante

La Guardia Civil ha lanzado una exhaustiva investigación ante las denuncias de delitos medioambientales derivados de los asentamientos ilegales que proliferan en las partidas rurales de Alicante. Estos asentamientos han crecido de forma alarmante, ocupando áreas protegidas, incluidas ramblas y suelos rústicos, lo que está provocando un grave deterioro del entorno natural.

Impacto en el medioambiente

Uno de los puntos clave de la investigación es el daño irreparable que estos asentamientos están causando en zonas de gran valor ecológico. Las ramblas, fundamentales para la gestión de aguas pluviales y la prevención de inundaciones, están siendo afectadas por la construcción de viviendas improvisadas, caravanas y estructuras ilegales, lo que altera su capacidad para drenar el agua. Esta alteración incrementa el riesgo de inundaciones en áreas habitadas y aumenta el peligro para los vecinos cercanos.

Además, las construcciones ilegales en estas zonas están destruyendo la flora y fauna locales, lo que pone en riesgo especies autóctonas y el equilibrio ecológico de la región. El uso indiscriminado de tierras rústicas para estos fines supone un atentado contra el medioambiente que ha generado la preocupación de asociaciones vecinales y ecologistas.

Redes de especulación detrás de los asentamientos

La investigación también apunta a la posible existencia de redes de especulación inmobiliaria que se aprovechan de la vulnerabilidad de estos terrenos rústicos para su fragmentación y venta ilegal. Estas mafias estarían detrás de la ocupación descontrolada de tierras, ofreciendo terrenos sin permisos a personas que buscan asentarse, lo que ha convertido algunas partidas rurales en focos de urbanización descontrolada y precaria.

El Ayuntamiento de Alicante, junto con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), ya ha recibido varias denuncias sobre la fragmentación y venta ilegal de terrenos, y se espera que la investigación de la Guardia Civil ayude a identificar a los responsables detrás de esta práctica, que afecta gravemente al orden urbanístico de la región.

La respuesta de las autoridades

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales y autonómicas han mostrado su intención de actuar de manera firme contra estos asentamientos ilegales. La Fiscalía de Medioambiente podría involucrarse si se confirma que existen delitos contra el medioambiente y la ordenación del territorio. El objetivo es no solo frenar el crecimiento de estos asentamientos, sino también restaurar las zonas afectadas y devolver los terrenos a su estado natural.

Reacciones vecinales

Las asociaciones de vecinos de las partidas rurales, como la Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar, han expresado su satisfacción por la intervención de la Guardia Civil, ya que desde hace años vienen denunciando la falta de control sobre estos asentamientos, que no solo generan un deterioro ambiental, sino que también contribuyen a un aumento de la criminalidad y de la inseguridad en sus comunidades.

La situación se ha agravado a tal punto que muchos vecinos temen por la devaluación de sus propiedades y la pérdida del estilo de vida rural que estas partidas ofrecen. La esperanza de los vecinos es que las autoridades puedan poner fin a esta situación y evitar que estos asentamientos sigan destruyendo la estructura urbana y ecológica de la región.

Conclusión

La investigación de la Guardia Civil representa un paso crucial para frenar la expansión de los asentamientos ilegales y evitar daños mayores al medioambiente en Alicante. La coordinación con las autoridades locales y autonómicas será fundamental para aplicar medidas firmes que no solo paren las construcciones ilegales, sino que también restauren las zonas afectadas y preserven la riqueza natural y el carácter rural de las partidas.

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