En su comunicado oficial, la multinacional CEMEX amenaza directamente a los vecinos afectados por la contaminación de su polvo en suspensión y sus emisiones registradas. Lejos de reconocer el impacto ambiental de su actividad, la empresa lanza advertencias contra quienes denuncian la situación.
Ante esta actitud, las asociaciones vecinales han respondido exigiendo la dimisión del concejal de Partidas Rurales, a quien acusan de actuar como portavoz del comité de empresa de CEMEX, en lugar de representar los intereses de los ciudadanos.
Asimismo, los vecinos reclaman que, en caso de celebrarse la hipotética Comisión de Sostenibilidad propuesta por la empresa, se garantice la presencia y participación de los afectados, para que no se convierta en un intento de lavado de imagen sin una verdadera fiscalización de su impacto en la salud pública y el medio ambiente.
COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES VECINALES:
Ante los recientes acontecimientos ocurridos en el Pleno Municipal del 27 de Febrero de 2.025, las asociaciones vecinales de La Cañada del Fenollar y AVV Benvinguts de Foncalent, con el apoyo de otras diez asociaciones de las partidas rurales de Alicante, desean manifestar su profunda preocupación y rechazo a la actitud adoptada por el concejal de Partidas Rurales, Don Carlos de Juan Carrillo. Durante su intervención, el concejal se limitó a atacar a la oposición política y menospreciar las legítimas preocupaciones de los vecinos sobre la situación ambiental en el Valle de Foncalent y las partidas rurales. Además, adoptó una postura de defensa incondicional de la actividad minera en toda la zona y de las prácticas contaminantes de CEMEX, actuando como portavoz del comité de empresa de dicha compañía en lugar de representar y proteger los intereses ciudadanos.
Durante el Pleno, se ignoraron deliberadamente las denuncias vecinales sobre los sensores de contaminación, cuya calibración incorrecta impide la detección precisa de los niveles de contaminación a los que están expuestos los residentes. Asimismo, se omitió que el sensor más cercano al foco de emisiones contaminantes, ubicado en Rabasa, no mide la presencia de metales pesados ni de sustancias tóxicas como el benceno, del cual se han registrado más de una tonelada emitida en el año 2023, según los últimos datos disponibles.
Ante esta situación, diez asociaciones vecinales de las partidas rurales han respaldado un manifiesto exigiendo la dimisión o cese inmediato del concejal Carlos de Juan Carrillo, quien ha demostrado no representar ni defender los intereses de la comunidad a la que debería servir. Se espera que en los próximos días más asociaciones se sumen a esta petición.
Los vecinos han elevado sus denuncias y presentado indicios y pruebas ante la Guardia Civil y el SEPRONA, conforme a los procedimientos de un Estado de Derecho. Lamentamos que el comunicado oficial emitido por CEMEX intente blanquear la actividad minera y la producción de cemento gris y aditivos químicos sin responder a la pregunta clave: ¿Dispone CEMEX de los permisos legales necesarios para la fabricación, almacenamiento y venta de aditivos químicos en sus instalaciones de Alicante? Esta cuestión sigue sin respuesta y es de vital importancia para la ciudadanía.
Además, el comunicado de CEMEX menciona la creación de empleo para 500 familias, una cifra inflada que no se corresponde con la realidad de la empresa en Alicante. Se habla de «empleo de calidad», pero resulta difícil considerar de calidad un trabajo en una industria que figura entre las más contaminantes del mundo. Este discurso recuerda al de empresas como URALITA, cuyos efectos en la salud de sus trabajadores y del entorno son de sobra conocidos.
El comunicado de CEMEX también refleja un desprecio absoluto hacia los vecinos, relegándolos al último lugar en su propuesta de mesa de sostenibilidad. Es fundamental recordar que los residentes de las zonas afectadas son las primeras víctimas de la contaminación por polvo en suspensión y emisiones tóxicas, hechos documentados en la web del Ministerio de Transición Ecológica. En lugar de mostrar disposición al diálogo, la empresa ha lanzado amenazas veladas contra los vecinos y sus representantes, una actitud más propia de matones que de una multinacional seria. Es inaceptable que una empresa que cotiza en las bolsas de México y Nueva York utilice su poder económico y
jurídico para amedrentar a los representantes vecinales, quienes solo buscan defender el derecho a un entorno saludable y seguro.
Los vecinos acogemos con cautela y esperanza la creación de la Comisión de Sostenibilidad que CEMEX tiene previsto convocar en el segundo trimestre de este año. Consideramos que esta iniciativa representa un reconocimiento implícito de las propias dudas de la compañía sobre la viabilidad y sostenibilidad de su industria minera, así como de la fabricación de cemento y aditivos químicos en Alicante. Abrir este debate desde una perspectiva técnica sobre el control de calidad del aire, sanitaria sobre los efectos en la salud vecinal y política sobre el modelo productivo de ciudad que promueve el Ayuntamiento es fundamental.
El consistorio debe reflexionar si su apuesta por abandonar el actual modelo basado en la riqueza turística de Alicante como capital de la Costa Blanca para migrar hacia un modelo industrial altamente contaminante y peligroso es realmente el camino adecuado. Esta transformación amenaza con convertir a Alicante en la «capital de la Costa Negra», un escenario que la ciudadanía debe conocer y debatir.
La postura de los vecinos es clara: lucharemos para evitar que la fabricación masiva de cemento y la actividad minera a escasos metros de zonas residenciales, barrios urbanos y a menos de un kilómetro de la ampliación de la Universidad de Alicante —donde se proyectan nuevas facultades de ciencia— continúe deteriorando nuestro entorno. Además, cabe recordar que las chimeneas emisoras de contaminantes se encuentran a tan solo 6,5 kilómetros del Ayuntamiento de Alicante, lo que demuestra la proximidad del problema al centro de la ciudad. Este modelo no es viable ni sostenible.
Por otro lado, no aceptamos una mesa de sostenibilidad en la que se nos excluya o se nos relegue a un papel secundario. Estamos dispuestos a dialogar y negociar soluciones que permitan la convivencia sin perpetuar el perjuicio a los residentes. Creemos en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la actividad industrial y el derecho de los ciudadanos a un entorno saludable y seguro.
Por último, queremos señalar que el problema con CEMEX no es el único desafío que enfrentan las partidas rurales. La falta de acción por parte del Ayuntamiento de Alicante en cuestiones como la proliferación de asentamientos ilegales, la deficiencia en servicios públicos básicos (iluminación, agua potable, asfaltado, recogida de basuras, transporte público, entre otros) y la precariedad de los recursos de la Policía Municipal de partidas reflejan un abandono institucional que ha agravado la situación en todas las partidas rurales.
El Valle de Foncalent, que en su día fue un entorno natural privilegiado, ha sido convertido en un área de explotación minera, vertederos y escombreras, con un impacto ambiental devastador. Invitamos a la ciudadanía a comprobar esta realidad mediante rutas de senderismo por la zona para que sean testigos directos del daño sufrido.
Exigimos que la calidad del aire en Alicante sea evaluada con criterios ajustados a la realidad de nuestra proximidad a fuentes de contaminación. No es aceptable que se ignore el impacto de las emisiones de CEMEX en la salud de los vecinos y que, hasta la fecha, ninguna autoridad haya solicitado un informe epidemiológico sobre la prevalencia de enfermedades en la zona. Por ello, las asociaciones vecinales han tramitado una solicitud formal ante la Conselleria de Salud para que se investigue este asunto.
Alicante es una ciudad que tiene, a solo 5,7 kilómetros del centro de su plaza de toros, chimeneas que emiten contaminantes las 24 horas del día. No puede ser tratada como otras ciudades sin una fábrica de cemento, como Benidorm. Es imprescindible instalar sensores modernos que monitoreen la calidad del aire en tiempo real, ubicándolos en las zonas residenciales más afectadas e incluso dentro del recinto de la fábrica para proteger también a sus trabajadores.
Reiteramos nuestra voluntad de diálogo y de alcanzar una solución que beneficie a todas las partes, priorizando siempre el bienestar de los vecinos, los trabajadores y los accionistas de CEMEX. Exigimos respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades y de la empresa. Continuaremos trabajando incansablemente para garantizar nuestro derecho a vivir en un entorno seguro y saludable.
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