El propietario de una empresa de gestión de residuos en Fontcalent ha sido condenado a seis meses de prisión por desobediencia continuada, tras ignorar reiteradamente las órdenes municipales que exigían el cese de su actividad. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante, señala que el acusado rompió en varias ocasiones los precintos policiales que impedían la actividad en las instalaciones.
Un historial de incumplimientos
Los problemas con esta escombrera irregular se remontan a octubre de 2018, cuando el Ayuntamiento de Alicante ordenó la suspensión de la actividad, al detectar que la empresa no contaba con la autorización ambiental necesaria. Se advirtió que, en caso de incumplimiento, se procedería al precinto de las instalaciones. Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas.
Meses después, en mayo de 2019, agentes de la Policía Local comprobaron que el vertedero seguía en funcionamiento. Pese a la orden de cese, trabajadores y maquinaria seguían operando con normalidad. Ante esta situación, se ejecutó el precinto oficial en junio de 2019, bajo la dirección del entonces concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez.
No obstante, el administrador de la empresa desafió la medida y ordenó a sus empleados continuar con la actividad. Apenas unas semanas después, en julio de 2019, los agentes volvieron a comprobar que el precinto había sido violado y que la planta seguía funcionando, lo que llevó a una nueva intervención policial.
Una defensa sin pruebas válidas
Durante el juicio, tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Alicante, que actuó como acusación particular, argumentaron que el empresario había desobedecido de manera reiterada las órdenes municipales, llegando incluso a romper el precinto en dos ocasiones.
Por su parte, la defensa alegó que la empresa sí tenía autorización para operar, amparándose en un supuesto auto del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, esta versión fue descartada por el juez, ya que el documento nunca fue presentado en el procedimiento judicial.
La sentencia es contundente en este aspecto: el magistrado considera que la defensa intentó basar su estrategia en una prueba inexistente, señalando que el tribunal no puede aceptar «un argumento exculpatorio que no se sustenta en ninguna resolución presentada en la causa».
La sentencia: seis meses de prisión con posibilidad de recurso
Tras evaluar los hechos, el juez determinó que la reincidencia y la intencionalidad del acusado justificaban una condena de prisión, al considerar que su comportamiento fue consciente y deliberado. En un principio, la pena establecida oscilaba entre siete meses y quince días y nueve meses y veintidós días de cárcel. No obstante, debido a los retrasos en el proceso judicial –atribuibles a la acumulación de trabajo en los juzgados y no al acusado–, la condena se redujo finalmente a seis meses de prisión.
A pesar de la sentencia, el condenado ha presentado un recurso, lo que podría prolongar el caso en los tribunales.
Este fallo supone un precedente en la lucha contra la gestión irregular de residuos en Alicante, poniendo de manifiesto la necesidad de un mayor control sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística en la ciudad.
