La Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar ha emitido un comunicado en respuesta a las declaraciones de la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez Gómez, quien afirmó en una entrevista al diario Información que las primeras denuncias sobre asentamientos ilegales en zonas inundables fueron recibidas el 6 de octubre de 2024. Sin embargo, la Asociación sostiene que la primera denuncia fue presentada el 25 de mayo de 2024, bajo el número de referencia E2024066875, y hasta el momento, esa y otras cuatro denuncias adicionales sobre este mismo asentamiento ubicado en camino la Molineta, no han recibido ninguna respuesta ni acción concreta por parte del Ayuntamiento.
LAS PRUEBAS: La primera denuncia, publicada en el sitio web de la Asociación VER PRIMERA DENUNCIA, también fue compartida en grupos de WhatsApp con el objetivo de que llegara a las autoridades correspondientes y de visibilizar la gravedad del problema en la comunidad.
Además, en la junta del Distrito 5 de Alicante celebrada en junio de 2024, la Asociación presentó, a través de su representante, la situación de los asentamientos ilegales y la creciente proliferación de organizaciones dedicadas a la especulación de tierras, que están devastando el medio ambiente y promoviendo prácticas urbanísticas ilegales. En dicha reunión, estuvo presente el concejal de Seguridad, Julio Calero, quien fue informado directamente sobre este problema.
La inacción de las autoridades de Alicante ha sido alarmante. Según documentos obtenidos recientemente, el Ayuntamiento y Urbanismo solo tomaron conocimiento formal de las denuncias tras una queja elevada al Síndic de Greuges, quien inició una investigación el 3 de octubre de 2024 ante la inactividad de las administraciones implicadas, SINDIC INVESTIGACION Esto demuestra que no fue hasta que el Síndic intervino que el Ayuntamiento comenzó a reconocer la seriedad de las denuncias presentadas desde mayo.
Desde la Asociación de Vecinos, se denuncia la falta de transparencia y la evidente falta de acción por parte de las autoridades locales, quienes, al no abordar adecuadamente estos asentamientos ilegales, han permitido que el problema crezca exponencialmente. Esta situación se ha convertido en una crisis de orden urbanístico y una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de Alicante.
La Asociación exige una respuesta inmediata y medidas efectivas para garantizar la legalidad urbanística y la seguridad en la comunidad.
