Días después de la trágica riada en Valencia, que dejó cerca de 217 fallecidos y 96 desaparecidos, en Alicante han comenzado a instalarse contenedores, mobile homes y caravanas en ramblas y zonas de riesgo de inundación. Esta acción, además de ser ilegal, representa un grave peligro tanto para quienes habitan en estos asentamientos como para los vecinos de las zonas colindantes.
La Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar denunció la instalación de un contenedor marítimo, adaptado como vivienda tipo mobile home, en una finca situada en una rambla. Esta denuncia se realizó de inmediato a la policía municipal, que acudió al lugar, tomó fotografías y, presumiblemente, elaboró un informe con una propuesta de sanción. A pesar de esta intervención, el contenedor continúa instalado en la finca.
Esta finca, afectada por el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana), está clasificada como zona de alta peligrosidad geomorfológica. No obstante, las autoridades han permitido que el contenedor permanezca en el lugar, sin tener en cuenta el riesgo que esto supone.
El peligro es aún mayor debido a la ubicación del colegio público La Cañada del Fenollar, que se encuentra aguas abajo, en la misma dirección del flujo de la rambla. En situaciones de inundación anteriores, el colegio ha sufrido daños. Sin embargo, en este caso, el impacto podría ser devastador, ya que el gran número de contenedores, mobile homes y caravanas instalados en esta zona podrían ser arrastrados por la corriente y estrellarse contra el colegio, provocando grandes destrozos y, posiblemente, víctimas.
Desde la Asociación de Vecinos se exige a las autoridades que actúen de inmediato y procedan a retirar todos los enseres, caravanas, contenedores y mobile homes de este asentamiento ilegal, ubicado en el camino de San Vicente a Agost. Además, instan a que se restablezca la legalidad urbanística y se devuelva la finca a su estado original para prevenir una tragedia de consecuencias irreparables.
Esta situación subraya la necesidad urgente de controlar el uso del suelo en zonas de riesgo y de asegurar que se cumplan las normativas de protección medioambiental y urbanística. La vida de las personas y la seguridad de nuestras comunidades deben ser una prioridad para todos.
