Se ha detectado una alarmante tendencia en las partidas rurales de Alicante: terrenos ocupados ilegalmente por chabolas están siendo puestos en venta a precios irrisorios. Estas parcelas, ocupadas por personas que no muestran reparos en dañar el entorno natural, están siendo ofertadas en portales de compraventa, generando una creciente preocupación entre los vecinos de la zona.
Venta de terrenos ilegales a precios bajos
A pesar de ser terrenos no urbanizables y ocupados de manera ilegal, los anuncios de venta proliferan en internet. Estas parcelas, situadas en áreas protegidas o rústicas, se ofrecen a precios tan bajos como 15.000 euros, una cantidad considerablemente inferior al valor de mercado en zonas urbanizadas. Muchos compradores, atraídos por lo que parecen «gangas», adquieren estas propiedades sin conocer las restricciones urbanísticas que prohíben cualquier tipo de edificación permanente o prefabricada.
Impacto en los vecinos y el entorno
La situación ha causado indignación entre los residentes de las partidas rurales, quienes han visto cómo estos asentamientos ilegales están alterando la tranquilidad y el equilibrio natural de la zona. Los ocupantes de estos terrenos, lejos de mostrar respeto por el medio ambiente, han instalado chabolas y estructuras improvisadas sin ningún tipo de permiso, causando un grave deterioro en el entorno.
Además de la degradación ambiental, los vecinos han reportado un incremento en la inseguridad y la depreciación del valor de sus propiedades. Muchos de ellos han presentado denuncias tanto al Ayuntamiento de Alicante como al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), exigiendo una intervención urgente para desmantelar estos asentamientos, que siguen creciendo sin control.
Medidas de las autoridades
El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana han reconocido la gravedad de la situación y han iniciado investigaciones para frenar la venta de estos terrenos y tomar medidas contra los asentamientos ilegales. Sin embargo, la magnitud del problema y la rapidez con la que estos terrenos son revendidos hacen que el control sea difícil.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que no se permitirá la vulneración de las leyes urbanísticas y que las autoridades están trabajando para frenar esta ocupación descontrolada. A pesar de estos esfuerzos, los vecinos continúan reclamando una actuación más decidida y rápida por parte de las administraciones locales y autonómicas, que hasta ahora no han logrado detener el crecimiento de estos asentamientos ilegales.
Domingueros sin complejos
A diferencia de otros asentamientos ilegales impulsados por la necesidad, muchos de los ocupantes de estas parcelas son personas que buscan una «escapada» rural, sin preocuparse por las normas o el respeto al medio ambiente. Conocidos como «domingueros», no dudan en instalar chabolas o construcciones improvisadas, destruyendo el entorno natural con total desprecio por el impacto que causan. Este fenómeno ha causado una fuerte molestia entre los residentes que respetan las normas urbanísticas y ambientales.
La lucha por la recuperación del entorno
Las asociaciones vecinales exigen medidas inmediatas para frenar esta venta ilegal de terrenos y evitar futuros asentamientos. Además, piden que se identifique tanto a los vendedores como a los compradores involucrados en estas transacciones irregulares y que se apliquen sanciones ejemplares. Los residentes creen que solo a través de una vigilancia estricta y sanciones contundentes se podrá controlar este problema que está destruyendo las partidas rurales de Alicante.
Conclusión
La venta ilegal de terrenos ocupados por chabolas en las partidas rurales de Alicante se ha convertido en una grave amenaza para el entorno natural y la convivencia en la zona. Estos «domingueros», que no respetan las leyes ni el medio ambiente, están contribuyendo al deterioro de un área rural que solía ser tranquila y respetada. La intervención de las autoridades es esencial para restaurar el orden y garantizar que se respete la normativa urbanística, protegiendo tanto el entorno como los derechos de los vecinos.
Si no se toman medidas inmediatas, el riesgo de que estas prácticas sigan extendiéndose pondrá en peligro no solo el paisaje rural, sino también la calidad de vida de los residentes de las partidas rurales de Alicante.
